jueves, 16 de marzo de 2017

Violaciones a los derechos humanos, Plaguicidas y Transgénicos

RED POR UNA AMÉRICA LATINA
LIBRE DE TRANSGÉNICOS
BOLETÍN 686

DOS RELATORES ESPECIALES DE DERECHO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES CONDENAN A LOS PLAGUICIDAS Y TRANSGÉNICOS EN LA AGRICULTURA
RALLT
Los Relatores Especiales de Derechos Humanos de Alimentación y Tóxicos presentaron en el 34 período de Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una fuerte crítica a la agricultura basada en plaguicidas y semillas transgénicas, y establecieron su relación con la violación a los derechos humanos.
En varias ocasiones la RALLT había enviado comunicados a estos relatores donde tratamos varios de los temas que ellos han desarrollado en este informe, por lo que lo recibimos con beneplácito.
Los Relatores Especiales del Derecho a la Alimentación y de desechos Tóxicos desmitifican el hecho de los los pesticidas y transgénicos son necesarios para alimenta al mundo, puesto que, aunque la producción de alimentos ha aumentado desde la década de 1950, posiblemente por el incremento en el uso de plaguicidas, no se ha logrado solucionar el problema del hambre en el mundo.
Los Relatores el mito generalizado de que la agricultura industrial intensiva, con un alto uso de insumos (pesticidas y semillas transgénicas) es necesaria para aumentar el rendimiento, y alimentar a una población mundial cada vez mayor, debido a los efectos negativos del cambio climático y la escasez mundial de tierras cultivables. Además mucha de la producción industria está destinada a la exportación.
Los relatores hacen a continuación una revisión de cómo los plaguicidas producen violaciones a los derechos humanos.

Impactos en la salud humana
La mayoría de personas están expuestas a plaguicidas, puesto que éstos están destinados a la producción de alimentos, señalan los relatores. El 60% de los plaguicidas vinculados con la dieta son sistémicos (es decir, que están incorporados en la planta) y muchos de los cultivos transgénicos han sido manipulados para incorporar sus propios insecticidas. Aunque los dos tipos de manejo de plagas reducen la exposición crónica de los trabajadores agrícolas, puede tener impactos negativos en términos de intoxicación crónica a través de la alimentación.
Les preocupa a los relatores los cultivos resistentes a glifosato. Al respecto reconocen que hay una controversia a nivel científico sobre el nivel de toxicidad de este herbicida, e incluyen en su informe la Monografía de la Agencia de Estudios del Cáncer de la OMS, que lo reclasificó como un posible cancerígeno de humanos.
Muchos de los plaguicidas que se emplean son usados para producir alimentos. Aproximadamente el 60% de los plaguicidas vinculados a la dieta, son sistémicos. Con frecuencia se emplean semillas tratadas con plaguicidas sistémicos para la producción de soja, maíz y maní. Los cultivos también pueden someterse a ingeniería genética (los denominados organismos modificados genéticamente para que ellos mismos produzcan los plaguicidas.
Hay una sección especial sobre los efectos de estos químicos en mujeres embarazadas y niños. El informe dice que:
Los niños son el sector de población más vulnerable a la contaminación por plaguicidas, puesto que sus órganos no han terminado de desarrollarse y porque, por su menor tamaño, están expuestos a mayores dosis por unidad de peso corporal. Los niveles y la actividad de enzimas clave para destoxificar los plaguicidas son mucho menores en los niños que en los adultos
En el caso de mujeres embarazadas, éstas pueden sufrir abortos no deseados o dar a luz hijos con malformaciones, siendo el período más crítico la exposición durante los primeros tres meses de gestación. Además los agrotóxicos pueden llegar a la leche materna.
Sobre los trabajadores agrícolas señalan que estos aunque tomen las precauciones de seguridad recomendadas, están sujetos a los mayores niveles de exposición con plaguicidas. Hay estudios que muestran que uno de cada 5000 trabajadores agrícola se intoxica cada año, pero estos datos son incompleto porque no hay procedimientos normalizados de notificación de esta información. Les preocupa a los relatores los niños que son trabajadores agrícolas. Ellos añaden que el 60% de niños que trabajan se dedican a tareas agrícolas.
Otro grupo vulnerable son los trabajadores temporeros, quienes al laboral en diversos emplazamientos agrícolas, aumenta el riesgo de exposición a los plaguicidas.
Sobre las poblaciones que viven junto a plantaciones, los relatores hacen una revisión de casos reportados en Costa Rica, India, Las Filipinas sobre cómo la población se ha afectado por las pulverizaciones aéreas de plaguicidas.
Sobre los pueblos indígenas, se ponen ejemplos de comunidades desplazadas con el fin de establecer plantaciones agrícolas intensivas que usan una gran cantidad de pesticidas.
Los consumidores están expuestos a un coctel de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen animal (especialmente criados en granjas) y vegetal (especialmente frutas, verduras de hojas anchas y leguminososas), cuyas interacciones sinérgicas pueden producir mayores niveles de toxicidad. A los relatores les preocupa sobre todo los plaguicidas lipofílicos, que se adhieren a la grasa y se bioacumulan en el cuerpo; así como los compuestos organoestánnicos, se acumulan y magnifican mediante los sistemas de redes alimentarias marinas. Otro problema es la presencia de plaguicidas en el agua potable y en el agua subterránea usada por la población, cerca de zonas agrícolas.

Impactos en el ambiente
El informe de los relatores considera que prácticamente todos los ecosistemas de los que depende la alimentación humana están contaminados por plaguicidas, así como las fuentes de agua y los suelos cercanos, lo cual provoca pérdida de diversidad biológica, destruye poblaciones de insectos beneficiosas que actúan como enemigos naturales de las plagas y reduce el valor nutricional de los alimentos.
Los relatores señalan que en China hay unas 26 millones de hectáreas con contaminación moderada y grave por plaguicidas, de las cuales el 20% ya no pueden ser usadas para la agricultura. En Guatemala la contaminación del río La Pasión, “mató a miles de peces y afectó a 23 especies piscícolas”, lo que privó a 12.000 personas de 14 comunidades de su principal fuente de alimento y subsistencia.
Sobre los efectos en la biodiversidad, los relatores identifican la gran pérdida de biodiversidad del suelo debido a los plaguicidas, lo que mata la salud del suelo e interfiere con los ciclos biológicos.
Abordan el tema del “trastorno del colapso de las colonias” de abejas en todo el mundo, asociado al uso intensivo de los neonicotinoides, lo que genera problemas graves al derecho a la alimentación, pues de unas 100 especies cultivadas (que aportan el 90% de los alimentos mundiales), el 71% son polinizadas por abejas. Estos plaguicidas son responsables también de la desaparición de diversos tipos de otros insectos benéficos
Sobre los alimentos transgénicos los relatores cuestionan el principio de “equivalencia sustancial”. El reporte dice:
Teniendo en cuenta sus probables efectos graves sobre la salud y el medio ambiente, existe una necesidad urgente de adoptar una normativa holística basada en el principio de precaución para hacer frente al proceso de producción con modificación genética y otras nuevas tecnologías a nivel mundial.

Su relación con los derechos humanos
Con los antecedentes documentados, los relatores hacen una revisión del derecho internacional en materia de derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales, los derechos a la salud y la alimentación y ambientales que se estarían vulnerando (Ver Anexo 1); así como los código internacional de conducta y prácticas no vinculantes.

Los desafíos
Finalmente los relatores nos presentan cuáles son los desafíos que enfrentan los países, sobre todo en materia normativa, y les preocupa por ejemplo que, con la adopción de acuerdos suprarregionales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, se corra el riesgo de alinear las normas comunes en el mínimo común denominador.
Les preocupa además que
En muchos casos, los plaguicidas altamente peligrosos que no están permitidos, o que han dejado de estar permitidos, en países industrializados se exportan a países en desarrollo.
Y ponen como ejemplo lo que sucede con Syngenta, (empresa registrada en Suiza), que vende en el extranjero productos que son prohibidos en ese país, o lo que sucede en Estados Unidos, donde la EPA restringe ciertos productos en ese país, pero no prohíbe su exportación.
Cuestionan el poder oligopólico de las tres empresas que al momento controlan el 67% del mercado mundial de plaguicidas, así como el 61% de las semillas comerciales. Ellas abogan por funcionar con sus propios códigos de conducta, y con frecuencia
ponen en tela de juicio las pruebas científicas de los peligros asociados a sus productos; algunas de ellas han sido incluso acusadas de fabricar pruebas deliberadamente para infundir incertidumbre científica y retrasar las restricciones.
Los relatores añaden que
realizan constantes donaciones a entidades educativas que llevan a cabo investigaciones relativas a los plaguicidas, las cuales están pasando a depender de esta industria por el descenso de la financiación pública
Otros desafíos propuestos por los relatores se relacionan con el tema de la clasificación de los plaguicidas, pues muchos plaguicidas tienen una clasificación de peligrosidad menor a la que debería. O las medidas de protección a los trabajadores, las que son insuficientes o inadecuadas para las condiciones reales en el campo (como exceso de humedad o calor, que impide el uso de ropas especiales).
Los relatores hacen un llamado a mirar todo los impactos de todo el ciclo de vida (o lo que podríamos llamar el “metabolismo socio-ambiental) de los plaguicidas.
El informe finaliza proponiendo a la agroecología como la alternativa al uso de plaguicidas.

Recomendaciones
a) Establecer amplios planes de acción nacionales que incluyan incentivos para apoyar alternativas a los plaguicidas peligrosos, y poner en marcha metas mensurables y vinculantes de reducción, con plazos concretos;
b) Establecer sistemas para permitir a los diversos organismos nacionales responsables de la agricultura, la salud pública y el medio ambiente cooperar de manera efectiva para combatir los efectos adversos de los plaguicidas y mitigar los riesgos asociados a su uso excesivo e incorrecto;
c) Establecer procesos imparciales e independientes de evaluación del riesgo y registro de los plaguicidas, exigiendo a los productores una divulgación íntegra de información. Estos procesos deben basarse en el principio de precaución, teniendo en cuenta los efectos peligrosos de los productos plaguicidas en la salud humana y en el medio ambiente;
d) Considerar en primer lugar alternativas no químicas, y permitir únicamente el registro de productos químicos cuando pueda probarse su necesidad;
e) Promulgar medidas de seguridad para asegurar una protección adecuada a las mujeres embarazadas, los niños y otros grupos particularmente susceptibles a una exposición a los plaguicidas;
f) Financiar amplios estudios científicos sobre los posibles efectos para la salud de los plaguicidas, incluidas la exposición a una mezcla de productos químicos y la exposición múltiple a lo largo del tiempo;
g) Garantizar un análisis regular y riguroso de los alimentos y las bebidas para determinar los niveles de residuos peligrosos, entre otras cosas en las preparaciones para lactantes y los alimentos de continuación, y poner esa información a disposición de la opinión pública;
h) Supervisar de cerca la utilización y el almacenamiento de los plaguicidas en la agricultura para minimizar los riesgos y velar por que solo se permita a quienes dispongan de la capacitación necesaria para ello aplicar dichos productos, y que lo hagan siguiendo las instrucciones y empleando el debido equipo de protección;
i) Crear zonas tampón en torno a las plantaciones y explotaciones agrícolas hasta que se eliminen por completo los plaguicidas, para reducir el riesgo de exposición a ellos;
j) Organizar programas de capacitación para agricultores con miras a concienciarlos sobre los efectos nocivos de los plaguicidas peligrosos y sobre métodos alternativos;
k) Adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el derecho a la información de la opinión pública, entre otras cosas introduciendo la exigencia de que se indiquen los tipos de plaguicidas utilizados y el nivel de residuos en las etiquetas de los alimentos y las bebidas;
l) Regular las corporaciones de modo que respeten los derechos humanos y eviten daños ambientales durante todo el ciclo de vida de los plaguicidas;
m) Imponer sanciones a las empresas que inventen pruebas y difundan información errónea sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente de sus productos;
n) Vigilar a las corporaciones para velar por que cumplan las normas en materia de etiquetado, precauciones de seguridad y capacitación;
o) Alentar a los agricultores a que adopten prácticas agroecológicas para aumentar la diversidad biológica y contener las plagas de manera natural, además de medidas como la rotación de cultivos, la gestión de la fertilidad del suelo y la selección de cultivos adecuados para las condiciones locales;
p) Incentivar los alimentos producidos orgánicamente mediante subsidios y asistencia financiera y técnica, y sirviéndose de la contratación pública;
q) Alentar a la industria de los plaguicidas a elaborar enfoques alternativos para el control de las plagas;
r) Eliminar los subsidios a los plaguicidas y, en su lugar, introducir impuestos sobre los plaguicidas, aranceles a su importación y el pago de tasas por utilizarlos.
El informe fue presentado por la Relatora Especial sobre el Derecho a la Alimentación (Hilal Elver) en colaboración con el Relator Especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos (Baskut Tuncak).
El informe completo puede ser encontrado en

Costa Rica recolecta firmas por el etiquetado de alimentos transgénicos

En el mes de la celebración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor

LLAMADO A PARTICIPAR EN LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO 
A SABER LO QUE ESTAMOS COMIENDO

En el comunicado de prensa adjunto podrá enterarse de que a la fecha la campaña ciudadana nacional “Etiquetado de transgénicos ¡Ya!” ha logrado recolectar y entregar al Poder Ejecutivo poco más de 25 mil firmas, solicitando hacer efectivo el derecho del consumidor de conocer si los alimentos que nos llevamos a nuestra boca contienen ingredientes genéticamente alterados o transgénicos, por medio de la elaboración de un reglamento de etiquetado.

Al respecto, le invitamos a participar activamente en esta campaña, ayudando a recolectar firmas adicionales con sus familiares y allegados por medio del formulario adjunto.

Para grupos de 15 personas o más se ofrece la posibilidad de ofrecer una charla sobre el tema de los alimentos transgénicos, en cualquier parte del país, a cualquier hora, incluso fines de semana, y de manera gratuita.

Para coordinar este encuentro, así como la entrega de los formularios con las firmas que haya podido recolectar hasta el 31 de marzo del año en curso, puede llamar al 8723-7343, o bien, escribir a la siguiente dirección: etiquetadodetransgenicos@gmail.com

jueves, 9 de marzo de 2017

Aceites esenciales para tratar enfermedades en semillas

Tratamientos de patógenos transmitidos por semillas con aceites esenciales
Lunes 14 de julio de 2014


Como parte del Plan Nacional de producción orgánica de semillas 2009-11 el Centro de Patología vegetal de Roma (CRA- PAV ) ha desarrollado una línea de investigación con el objetivo de desarrollar intervenciones eficaces control biológico de los agentes patógenos transmitidos por la semilla.
En concreto, la investigación tiene como objetivo el estudio de las propiedades antifúngicas de los aceites esenciales y su aplicación potencial como tratamiento para las semillas. Los aceites esenciales son sustancias naturales que resultan del metabolismo de las plantas y que se acumulan en diversos órganos de la planta. Los ingredientes activos presentes en los aceites son generalmente de metabolitos secundarios que tienen numerosas funciones dentro de las plantas y pueden ser un depósito de sustancias naturales bioactivas cuyo uso en la agricultura ecológica podría ser importante para ayudar a resolver los problemas de fitopatología.
Se tomaron en cuenta los aceites esenciales de tomillo, árbol de té, romero, laurel, clavo, menta y orégano. Todos los aceites fueron probados por su actividad fungicida, fungistática y fitototoxicidad, a través de las pruebas in vitro y en vivo en una serie de importantes patógenos transmitidos por semillas: Diaporthe y phaseolorum Longicolla Phomopsis de la soja , pinodes Micosphaerella, Phoma pinodella, medicaginis por Phoma proteína de guisante, Aschochyta lentis de lenteja, altramuz y Colletotrichum gloeosporioides de Fusarium fujikuroi de arroz.
La eficacia del tratamiento con aceite de tomillo y árbol del té, disuelto adecuadamente en agua, se evaluó por el método de la prueba de papel secante en el semillas de arroz, infectados de forma natural con F. fujikuroi, y las semillas de soja, altramuz, lentejas y guisantes, infectados artificialmente con los respectivos agentes patógenos transmisibles por semilla. Los más activos fueron los aceites de tomillo, clavo de olor, de menta y orégano, que han reducido el crecimiento de todos los hongos se ensayó de una manera variable, pero que incluye, respectivamente, los siguientes intervalos de concentración: de 0,05 a 0,07% , 0,04-0,07 % , 0,09 a 0,11 % y 0,07 %.
El aceite de árbol del té se encontró que era activo en soluciones acuosas en concentraciones que varían 0,300 a 0,463 %, y el aceite de laurel y romero a concentraciones entre 0,7-1 %. Con respecto a la fitotoxicidad, los aceites de tomillo y de árbol de té, ambos mostraron un efecto tóxico sobre las semillas en las concentraciones más altas, de forma variable y dependiendo del tipo de semilla, lo que resulta en una reducción significativa de la aptitud para la germinación.
El análisis de la eficacia en vivo ha demostrado que el aceite de tomillo aplicado en concentraciones de 0,1 % y 0,2 % , y el aceite de árbol del té, en concentraciones de 1 % y 2 % , han demostrado ser eficaces en la reducción de la porcentaje de semillas infectadas, con valores comparables, si no mejor, en algunos casos, a los controles con productos químicos (arroz procloraz y tiram para las otras semillas).

Fuente: http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/documentos-tecnicos/semillas-en-producion-ecologica/article/tratamientos-de-patogenos

Empresas transnacionales de semillas y nuevos colonialismos

Paraíso transgénico: El boom de Monsanto y las semilleras estalla en el sur de Puerto Rico

Tue, Mar 7, 2017
Foto: Centro de Periodismo Investigativo
Puerto Rico es el epicentro de experimentos con semillas modificadas genéticamente en Estados Unidos y sus territorios. Del negocio se benefician multinacionales como Monsanto, DuPont Pioneer, Dow AgroSciences, Syngenta Seeds y AgReliant Genetics, que ya ocupan el 14% de las tierras públicas con el mejor potencial para producir alimentos. Las semilleras reciben más subsidios que los impuestos que pagan al gobierno de una isla sumida en su peor crisis fiscal.
Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo
Las aspas de los molinos de viento giran sobre cultivos de soya y maíz modificados genéticamente, platanales y fincas aplastadas por la fiebre del cemento. Aparece el mar Caribe, áreas verdes a la izquierda, y a la derecha una salida que conduce a un territorio ocupado: las semilleras multinacionales como Monsanto controlan el 31% de las tierras con mayor potencial para la agricultura en el municipio de Juana Díaz. Es el epicentro transgénico de Puerto Rico.
De norte a sur, de este a oeste, las semilleras ya dominan alrededor de 10,000 cuerdas públicas y privadas. Eso equivale al área destinada en 2016 a la siembra de plátano, que el Departamento de Agricultura identifica como el cultivo vegetal de principal importancia económica en el País.
Nadie sabía del boom silencioso de las corporaciones de agroquímicos y transgénicos en las mejores fincas de la Isla, hasta que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) inventarió las propiedades tras visitas de campo y consultas a  documentos públicos, y luego analizó el área con información geográfica digital suministrada por la Junta de Planificación. Con el avance de las semilleras en Puerto Rico, la Isla se convirtió entre 2006 y 2015 en la localidad con más permisos para hacer experimentos con transgénicos en todo Estados Unidos y sus territorios.
En Juana Díaz aparecen camiones militares color khaki tras las rejas del Fuerte Allen de la Reserva del Ejército de Estados Unidos, y al doblar a la derecha, en el barrio Capitanejo, caminan empleados de las semilleras vestidos con trajes protectores blancos de pies a cabeza. Son clara señal de los trabajos intensivos con sustancias químicas en el paisaje repetitivo de soya y maíz. La colonia estadounidense es el paraíso de corporaciones que dominan la industria global de las semillas transgénicas y los agroquímicos: Monsanto, Bayer CropScience, DuPont Pioneer, Syngenta, Dow AgroSciences, AgReliant Genetics e Illinois Crop Improvement.
Este sector industrial recibió más de $526 millones en subsidios y exenciones contributivas entre 2006 y 2015, según un análisis de esos beneficios que consta en documentos gubernamentales. Fueron los años en que Puerto Rico se sumía en el impago de su deuda de $69 mil millones, lo que provocó que el Congreso de Estados Unidos le impusiera una Junta de Control Fiscal.
En esa misma década, las multinacionales acapararon el 14% del área de las fincas  públicas de la Autoridad de Tierras con mayor potencial para producir comida, en el corredor agrícola de Guayama a Juana Díaz. Así lo indican los cálculos con sistemas de información geográfica que hizo David Carrasquillo, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, a petición del CPI. Puerto Rico solo produce el 15% de sus alimentos, según el Departamento de Agricultura. Las multinacionales no usan esas tierras para producir comida, sino para experimentar. Envían las semillas fuera del país para continuar el proceso de investigación y desarrollo, y luego las venden en el mercado global. Las semilleras no sólo alquilan, sino que han comprado alrededor del 50% del área de todas las fincas que controlan. Monsanto ya es dueña de unas 1,762 cuerdas, mientras que la alianza Dow AgroSciences y Mycogen Seeds posee 1,748.
A la izquierda de la carretera #1, antes de llegar al río Bucaná, se levanta una cerca de tela metálica coronada de alambres de púas. No exhibe un letrero con el logo de Monsanto, a la que pertenece, según el Registro de la Propiedad. Entre los huecos de la verja se ve una tierra sin hierba, camiones que vierten una sustancia química sobre el terreno, y un cobertizo blanco a lo lejos. Con 1,061 cuerdas, equivalente a 600 campos de fútbol, esta es la finca más grande de todo el inventario de las semilleras. Al norte, en el barrio Sabana Llana, comienza otra propiedad de 509 cuerdas de la misma multinacional con sede en el estado de Misuri. Al este, se extienden campos de experimentación alquilados por las semilleras Illinois Crop Improvement, una asociación que trabaja por los intereses de la agricultura del estado de Illinois, y la suiza Syngenta Seeds.
En medio de toda la actividad de experimentación está enclavada Arús, una comunidad de apenas siete calles, una barbería, una capilla católica, un templo evangélico, una escuela y un bar.
Leonor Campos y su esposo José Ramón Campos, residentes de la comunidad Arús, Juana Díaz. Foto por Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo
José Ramón Campos, que lleva 51 años viviendo en Arús, se levanta a las 5 a.m. para caminar en el parque de pelota y mantenerse en forma. “Pero ahora es lo contrario. Hay una pestilencia”, dice Campos, preocupado por su salud. “Yo me he tenido que meter allí, para llamarles la atención”, indica señalando al otro lado de la calle, donde Monsanto tiene su campo de experimentación. “Tiran químicos durante el día y la noche. Nos da mucho ardor en los ojos”, añade Leonor Campos, su esposa. “Siempre uno está con dolores de cabeza y dolores de garganta”.
Las ventanas y las puertas de las casas están cerradas. No sólo para protegerse de las sustancias químicas, sino para evitar el polvorín que levantan los camiones y el viento, porque la tierra está descubierta por causa del herbicida. La tierra se pega a las ventanas, las cortinas, las mesas. De entre un grupo de 10 vecinos reunidos para discutir cómo la semillera los afecta, Héctor Luis Negrón Cintrón da un paso al frente, ayudándose con el bastón. “Me da problemas respiratorios. Tengo que estar rascándome todo el cuerpo”. Antonio Avilés Pacheco, quien vive hace diez años en Arús, asegura tajantemente que los vecinos han desarrollado un olfato detector de pesticidas y herbicidas. “Es notable cuando utilizan los productos químicos. Al respirar podemos percibir que están en el ambiente”.
Los vecinos Félix Luis Morales, izquierda, y Héctor Luis Negrón, derecha, residentes de Arús, Juana Díaz. Foto por: Abimael Medina | Centro de Periodismo Investigativo.
Tomás Torres era un “listero”, el que se encargaba de pasar lista de los obreros que trabajaban en estas tierras que pertenecían a la Sucesión J. Serrallés, y que antes producían caña, mangó y vegetales. Sabe que los agroquímicos no son nada nuevo; los usaban sus antiguos patronos. La diferencia es la cantidad y quién manda ahora: “Monsanto es el rey de la agricultura de Juana Díaz”, aseguró. Antonio Avilés Pacheco añade: “Debe ser el rey del veneno. Porque eso es lo que trae Monsanto”. Señala al árbol donde se reúnen los vecinos. “Nosotros estamos ahí sentados, pero nos instruimos. ¿Por qué nosotros tenemos que ser los conejillos de indias? ¡Somos conejillos de indias! Eso es un laboratorio, eso no es agricultura”.
Félix Morales Torres, otro vecino de Arús, solía cruzar por una servidumbre de paso de lo que ahora es la finca de Monsanto para ir a la playa de Boca Chica. “A mí me gusta pescar. Pero ya no se puede entrar por ahí porque cerraron los portones. No tenemos acceso a la playa. Antes pescábamos camarones, tirábamos anzuelo, chinchorro”.
Los vecinos sostienen que hasta ahora nadie había llegado a Arús para que sus voces contra las semilleras fueran escuchadas ¿Qué quiere la comunidad? “A ver si alguien interviene y controla eso, o que Monsanto se vaya de aquí”, concluyó Campos.
Entre la capilla católica y el templo evangélico de Arús, la calle conduce a Manzanilla, una comunidad de casas humildes que colinda al sur con la playa, y al norte con la finca de Monsanto. El pastor de la Iglesia Misionera del vecindario dijo que un empleado de la compañía fue a atender las preocupaciones de los vecinos mostrándoles un video corporativo. “Nos dijeron que los productos químicos que están usando son para matar un gusano; nos dijeron que no nos afectan, aunque los que los echan usan trajes blancos de protección”, añadió el pastor. “Yo digo que nos compraron un poquito. Podaron unos árboles de la carretera, hicieron una fiesta de Reyes y les trajeron juguetes a los niños. Donaron parte de la comida para una limpieza en la comunidad. Donaron pollo con papas”.
Los terrenos de las semilleras se extienden principalmente a lo largo de 117 kilómetros, unas 73 millas, en casi toda la costa sur de Puerto Rico. Incluyen 143 cuerdas de la Estación Experimental Agrícola de Isabela y Aguadilla, en el noroeste del país, que Monsanto alquiló y está en proceso de entregar para enfocar los trabajos en Juana Díaz. Hay 18 cuerdas adicionales de la alemana BASF, y 218 de la tejana RiceTec, que no trabaja con semillas modificadas genéticamente sino con híbridas. También cuentan unas 900 cuerdas de un agricultor en Santa Isabel que siembra frutas y verduras, y donde la semillera 3rd Millenium Genetics cultiva soya y maíz. Esta última es muy diferente a las demás corporaciones, pues desarrolla cultivos híbridos para el consumo del ganado local.
Hay más tierras en manos de las multinacionales que pagan a otros dueños de fincas para que siembren en su terrenos los cultivos experimentales. “Son negocios y el agricultor tiene que ganar dinero”, explicó Ramón González, expresidente de la Asociación de Agricultores. Posee terrenos en el municipio de Salinas, los primeros que se ven al bajar por la autopista #52, colindantes con instalaciones de Syngenta y DuPont Pioneer. González no quiso precisar cuánta tierra destina a los transgénicos ni a qué semillera da servicios. “Le siembro a varias de ellas”, sostuvo.
Las fincas del sur. ¿Por qué aquí? ¿Qué tienen de especial? Están en el área de menor precipitación de Puerto Rico, mientras se sirven de agua de canales de riego: las semilleras pueden regar sus cultivos de forma científica, sin que las plantaciones estén expuestas a demasiada lluvia que atrae hongos. La zona está identificada como tierra para la agricultura “de importancia estatal” y con una categoría del 1 al 4 de uso agrícola, la máxima calificación en términos de capacidades químicas y físicas para la producción de alimentos y fibras, según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, agencia federal dedicada a la protección de los suelos. Se trata de propiedades con fertilidad natural y llanas, por lo que se pueden mecanizar, y el trabajo es mucho más fácil en comparación con la faena en la jalda. A eso se añade que se encuentran en la ruta de las dos ciudades más importantes, Ponce y San Juan, con acceso fácil por la autopista #52.
“Esto es lo que yo necesito”, exclama el empresario Duamed Colón. Pone una rodilla en el suelo, parece tomar algo y enseña el puño como si hubiese agarrado tierra. Pero no está en las fincas del sur, sino en un hotel de la capital, donde se llevó a cabo una cumbre de innovación empresarial auspiciada por el Fideicomiso de las Ciencias, Tecnología e Investigación, que busca expandir la base industrial del País. De entre todos los participantes de la cumbre, Colón es el único que intenta innovar desde la agricultura autóctona. El Fideicomiso becó a este biólogo con estudios graduados en ciencias agrícolas en el Recinto Universitario de Mayagüez, para que empleara el cultivo de tejido, una modalidad de biotecnología agrícola, en el desarrollo de plátanos vigorosos que no estén contaminados con el gusano barrenador.
Este nemátodo, una de las principales plagas del plátano, agujerea la planta desde las raíces hasta el centro, causando que los agricultores apliquen pesticidas para intentar salvar la cosecha, lo que encarece costos, aumenta el tiempo de trabajo y añade al medioambiente un componente tóxico. Colón intenta desarrollar una marca de plaguicidas biológicos que no causen un impacto a la naturaleza, y experimenta con plantas cobertoras que acompañan los alrededores de los plátanos, para mantener a raya las llamadas malezas, prescindir de herbicidas y evitar la erosión. Pero el científico, empresario y agricultor necesita resolver el escollo principal para el crecimiento de su empresa: conseguir 100 cuerdas de buena tierra a un precio módico. Al terminar su presentación durante la cumbre, auspiciada en parte por Monsanto, Colón puso dos mapas de los municipios sureños de Juana Díaz y Santa Isabel sobre un mostrador del hotel. Señaló las fincas de la Autoridad de Tierras, agencia que ofrece a los agricultores alquiler de terrenos públicos a precios económicos. Pero la Autoridad de Tierras aún no ha respondido su solicitud de arrendamiento desde hace casi tres años, porque alegadamente sus predios ya están ocupados. De las 6,591 cuerdas controladas por las multinacionales de transgénicos entre Guayama y Juana Díaz, el 44% las alquilan a la agencia gubernamental.
“Se está quedando afuera un proyecto como el de nosotros”, denunció Colón. “No te estoy hablando del romanticismo de la agricultura. Estoy hablando de una empresa real de biotecnología agrícola que ya contrató a un doctor para  pagarle el sueldo que merece un profesional de su nivel, y un asistente de laboratorio”.
Sólo Monsanto arrienda 791 cuerdas a la Autoridad de Tierras en el barrio Río Cañas Abajo, en Juana Díaz. Eso es lo que dice el contrato registrado en la Oficina del Contralor, pero en realidad Monsanto está ocupando 842 cuerdas, según los inventarios de arrendamiento oficiales. Eso quiere decir que el Gobierno le deja gratis la diferencia de 51 cuerdas. Esa es la mitad de la tierra que necesita el empresario Duamed Colón para desarrollar su proyecto empresarial y científico. En medio de las fincas gubernamentales en el barrio Río Cañas, Monsanto compró tres propiedades adicionales equivalentes a 76 cuerdas, donde construyó sus instalaciones privadas con $800,000 de fondos públicos que le dio como “incentivo” la Compañía de Fomento Industrial, que promueve a Puerto Rico como un destino para las inversiones.
“Todo el argumento de que las semilleras extranjeras crean empleos es relativo. Agro Tropical quiere crecer, crear empleos y producir comida, pero estamos limitados por el acceso a la tierra”, añadió Duamed Colón.
Duamed Colón, biólogo y empresario. Foto: Centro de Periodismo Investigativo
En cambio Monsanto, Syngenta Seeds, Dow AgroSciences junto con Mycogen Seeds, DuPont Pioneer y su matriz DuPont, Bayer Crop Science y AgReliant Genetics controlan cada una más de los 500 acres (515 cuerdas) permitidos por la Ley de Tierras y la Constitución de Puerto Rico. La cuerda es el sistema para medir área que heredaron los puertorriqueños del coloniaje español, y equivale a 3,930 metros cuadrados. Es prácticamente lo mismo que un acre, el sistema de medición heredado como colonia estadounidense.
¿Por qué el límite de 500 acres? La disposición fue ideada por el gobierno militar de Estados Unidos tras la invasión de 1898 a Puerto Rico, para evitar el latifundio, como se le conoce a las explotaciones agrarias de grandes dimensiones por parte de las corporaciones. Esta medida se convirtió en el corazón de la reforma agraria luego de la Gran Depresión, en medio de huelgas contra las grandes corporaciones cañeras, que ocupaban parte de las mejoras tierras que podían utilizarse para producir comida. Con la Segunda Guerra Mundial de fondo, submarinos de Hitler hundían barcazas que traían alimentos a Puerto Rico, y en la Isla había hambre. Fundado con el lema de “Pan, tierra y libertad”, el Partido Popular Democrático (PPD) creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre los cimientos de esa reforma agraria. Su artífice, Luis Muñoz Marín, promovía las expropiaciones de las propiedades mayores a los 500 acres, para que pasaran a la Autoridad de Tierras, creando las llamadas fincas de beneficio proporcional, que nunca rindieron frutos por haber nacido en medio de un romanticismo de la tierra ajeno a la ciencia y la técnica, como explica Rubén Nazario en su libro El paisaje y el poder: la tierra en el tiempo de Luis Muñoz Marín.
En la pasada década, las administraciones PPD y del Partido Nuevo Progresista (PNP) parecen haberse rendido ante las multinacionales que sobrepasan el límite constitucional. El exsecretario de Justicia Guillermo Somoza Colombani indicó, en una opinión legal del 20 de junio de 2012, que las semilleras podían dominar más de 500 acres porque no se dedican a la agricultura, sino a una actividad científica y empresarial llamada investigación y desarrollo. Puerto Rico regresa así a la época en que las grandes corporaciones cañeras podían dominar las mejores tierras.
“Lo que tenía que hacer el secretario de Justicia era mirar la intención de la ley con los ojos del presente”, analizó el abogado Carlos Ramos, profesor de derecho constitucional, cuando supo del avance de las multinacionales en las mejores tierras de Puerto Rico. “Con las semilleras estamos viendo que ya empezó el latifundio del Siglo XXI. Esta es una nueva versión de lo que ha sido la historia de América Latina y de Puerto Rico durante el siglo pasado. Estas corporaciones poco a poco van a estar interfiriendo en el uso de la tierra, se van a manifestar como un poder político que influye en la legislatura, y eso precisamente es lo que quería prevenir la Constitución”.
Fuente: http://sincomillas.com/paraiso-transgenico-el-boom-de-monsanto-y-las-semilleras-estalla-en-el-sur-de-puerto-rico/

martes, 7 de marzo de 2017

No podemos quedarnos callados

DENUNCIA PÚBLICA

Asesinan a RUTH ALICIA LOPEZ GUISAO, líder social del Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos y rechazamos el asesinato de RUTH ALICIA LÓPEZ GUISAO, lideresa campesina y defensora de derechos humanos, integrante de la Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS, organización miembro del Coordinador Nacional Agrario y de Congreso de los Pueblos.

Los hechos ocurrieron el día de hoy, 2 de marzo de 2017, en el barrio Olaya Herrara de Medellín cuando Alicia se encontraba visitando a integrantes de su familia que habitan en el sector. Según se ha conocido el hecho fue perpetrado por dos sujetos que dispararon en repetidas ocasiones contra la humanidad de la lideresa.

RUTH ALICIA era dinamizadora de un Proyecto de Cumbre Agraria para el fortalecimiento de soberanía alimentaria con doce comunidades indígenas y afrodescendientes de los municipios de Medio San Juan y Sipí en el departamento de Chocó. Dicho proyecto es financiado por el Ministerio de Agricultura.

RUTH ALICIA y su familia han sido reconocidos líderes comunitarios, sobrevivientes de la Unión Patriótica, que se han destacado por su espíritu de servicio social y solidario en los diferentes lugares donde se han visto obligado a habitar. Por tal razón en reiteradas ocasiones han sufrido amenazas, persecución y desplazamiento por parte de estructuras paramilitares, inicialmente fueron desplazados de la región de Urabá, por lo que llegaron a la Comuna Trece de Medellín, concretamente al barrio Olaya Herrera (lugar donde hoy fue asesinada) donde la familia lideró proyectos comunitarios de salud y educación hasta el año 2002, cuando fueron nuevamente amenazados y desplazados en desarrollo de la Operación Orión, actualmente, Alicia vivía en el departamento de Chocó donde realizaba el trabajo comunitario ya señalado.

Su asesinato en el Barrio Olaya Herrera, de donde había sido desplazado con su familia es una muestra de que las organizaciones que hoy operan en la ciudad de Medellín son los mismos paramilitares que asesinaban en años pasados, es una muestra de que esta estructura persiste en la ciudad y no son simple delincuencia común o bandas criminales como las señala la institucionalidad del Estado.

El crimen contra RUTH ALICIA, se suma al de otros líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurridos en los últimos meses, como acaba de ser denunciado en el Informe de Somos Defensores. Ya son veinticinco líderes sociales asesinados en el país en lo que va corrido del año, solo en el departamento de Antioquia son seis casos más: José Yeimer Cartagena, Edelmiro Alzate, Porfirio Jaramillo, Alberto Suarez Osorio, Luz Herminia Olarte y Leónidas González.

Hoy a las 12 de medio día, una de las hermanas de RUHT ALICIA recibió una llamada de una habitante del barrio Olaya Herrera, le dice que la información que circula en el barrio es que están esperando a que las hermanas y la mamá aparezcan en el entierro para también atentar contra la vida de ellas, que lo mejor es que no se aparezcan en el barrio.

Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que se definan mecanismos para la protección de la familia de RUTH ALICIA y cese la persecución contra ellos. Hacemos un llamado a la Unidad Nacional de Protección para que se concrete un plan de protección colectivo para la familia.

Reiteramos nuestra exigencia al Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección y demás organismos competentes, para que los hechos sean esclarecidos y se detenga la política de agresión contra los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales. Es urgente que se concreten acciones para juzgar y sancionara los responsables de los hechos y se proteja la vida de quienes luchan por la construcción de paz.

¡Que la paz no nos cueste la vida!

Nodo Antioquia Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Coordinadora Nacional Agrario
Asociación Agroecológica Interétnica e Intercultural ASOKINCHAS
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia
Congreso de los Pueblos
Proceso Social de Garantías
Corporación Jurídica Libertad
Asociación Campesina de Antioquia
Corporación de DDHH Gustavo Marulanda
Corporación Jurídica Libertad
Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo
Asociación de Víctimas Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño
Colectivo de Estudios Sociales y Derechos Humanos ICARIA
Colectivo de Comunicaciones La Piedra en el Zapato
Corporación Volver
Colectivo de Estudio y Trabajo
Congreso de los Pueblos - Antioquia
Proceso Nacional Identidad Estudiantil - Medellín
Tejuntas - Antioquia
Confluencia de Mujeres para la Acción Pública Antioquia
Oficina Estudiantil Universidad Nacional - Sede Medellín
Colectivo de Educación Popular Paulo Freire
Corporación Social Nuevo Día
Pizarrón Rebelde
Colectivo La Barranca
Tejido Cultural Awasqa
Poder y Unidad Popular Antioquia
Colombia Informa
Red Asonada Libertaria
Proyecto Camilo Vive Medellín
Periferia Prensa Alternativa
Asociación de Pequeños Productores del Oriente Antioqueño

lunes, 6 de marzo de 2017

No hay consenso científico sobre la seguridad de los transgénicos

RED POR UNA AMÉRICA LATINA
LIBRE DE TRANSGÉNICOS
BOLETÍN 865
   
NO HAY CONSENSO CIENTÍFICO SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS TRANSGÉNICOS

Un artículo publicado en la Revista Europea de Ciencias Ambientales (Environmental Sciences Europe 2015, 27: 4), el 30 de enero 2017 muestra que hay amplio número de investigadores y académicos científicos independientes que cuestiona las recientes afirmaciones de que hay un consenso sobre la seguridad de los organismos transgénicos.

Ellos produjeron una declaración conjunta, donde expresan que se ha demostrado que dicho consenso es una construcción artificial que se ha perpetuado falsamente en diversos foros.

Independientemente de las contradictorias evidencias presentadas en la literatura arbitrada, la afirmación de que existe ahora un consenso sobre la seguridad de los transgénicos sigue siendo acrítica.

Durante décadas, la seguridad de los transgénicos ha sido un tema polémico y muy debatido en todo el mundo. Los resultados publicados son contradictorios, en parte debido a la variedad de métodos de investigación empleados, a la inadecuación de los procedimientos disponibles y a las diferencias en el análisis e interpretación de los datos.

Esta falta de consenso se pone de manifiesto por el acuerdo al que han llegado de los responsables políticos de más de 160 países signatario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología y las Directrices del Codex Alimentarius.  Ellos decidieron que para autorizar un nuevo transgénico  se requiere una evaluación cuidadosa de cada uno. Las autoridades de cada país deben analizar si un constructo transgénico concreto, cumple con los criterios nacionales de que son «seguro». Hay países que han ido más allá y han decretado moratorias, prohibiciones y hasta prohibiciones constitucional (como es le caso del Ecuador).

Una evaluación rigurosa de la seguridad de los transgénicos se ha visto obstaculizada por la falta de financiación independiente de los intereses económicos que controlan esta tecnología.  Este tipo de investigación ha estado restringida aún más por cuestiones de derechos de propiedad y porque a estos investigadores se las ha negado acceso a materiales de investigación hechos por investigadores que han rechazado firmar acuerdos contractuales con empresas que han desarrollado esta tecnología, lo que significa que hay un inaceptable control sobre las publicaciones con el fin de beneficiar a intereses económicos privados.

La declaración firmada por más de 300 investigadores independientes, no afirman que los OMG son inseguros o seguros.

Más bien, la declaración concluye que la escasez y el carácter contradictorio de las pruebas científicas publicadas hasta la fecha, impiden que se pueda hacer declaraciones concluyentes sobre la seguridad o la falta de seguridad de los transgénicos. Las alegaciones de que hay un consenso sobre la seguridad de los transgénicos, no están respaldadas por un análisis objetivo de la literatura arbitrada.


Refencia:
Angelika Hilbeck, Rosa Binimelis, Nicolas Defarge, Ricarda Steinbrecher, András Székács, Fern Wickson, Michael Antoniou, Philip L Bereano, Ethel Ann Clark, Michael Hansen, Eva Novotny, Jack Heinemann, Hartmut Meyer, Vandana Shiva and Brian Wynne  (2015)